El día que entró en vigencia la Ley de Garantías

“OBSERVAR”, es un verbo que ejercí con conciencia el año pasado y que me proveyó de mucho aprendizaje. El tiempo que he estado en el extranjero, me ha dado la oportunidad de conocer varias culturas, interactuar a diario con personas de otros países y ver ante mis ojos una multiculturalidad sin igual aquí en Berlín. Mi conclusión, la clave es observar.

En mi última visita a Bogotá, la capital de mi país, Colombia; estuve atenta a todo lo que sucedía a mí alrededor. Las dinámicas citadinas, los comportamientos de la gente, la energía de los lugares, la tensión en el centro de la ciudad, entre otras cosas.

Me referiré a un suceso en particular donde estuve como testigo, a continuación relataré los hechos y más adelante expondré mis puntos de vista.

En Colombia, la llamada “Ley de garantías” es aquella que “restringe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial”[1], esto se hace con el fin de evitar la asignación de contratos con fines electorales. En otras palabras, para evitar la CORRUPCIÓN Y EL CLIENTELISMO, y para este período electoral, entró en plena vigencia el día 25 de enero de 2014.

Me encontraba en el IPES -Instituto Para la Economía Social-, en sus oficinas de la Carrera 10 con Calle 16, esta es una institución del gobierno distrital encargada de “crear, promover y ejecutar estrategias de apoyo a la economía popular y el fortalecimiento económico de las personas, unidades domésticas y productivas, y grupos poblacionales” de personas discriminadas o segregadas.

Era viernes, casi fin de mes, había un sinnúmero de personas en algunos asientos, otras en el piso, otras de pie, con bebes, con niños, algunos jugaban cartas, otros echaban mano a pasabocas, leían pero todos con cara de impaciencia, ante tal panorama mis ojos se pusieron más atentos y empecé a observar.

¿Qué estaba pasando allí?

Los medios habían repetido hasta el cansancio que entraba en plena vigencia la ley de garantías, que ese era el último día en que se podía contratar directamente el personal que iba a trabajar por algún período del año 2014. La mayoría de quienes “esperaban”, eran profesionales que en el 2013 habían laborado en esta entidad.

Durante las casi tres semanas anteriores, se habían tenido que acercar a esas oficinas para asistir a reuniones para organizar el plan de trabajo, o entregar la documentación completa necesaria en el nuevo proceso de contratación, hacer averiguaciones sobre el curso que tendrían los grupos de trabajo para el nuevo año o… sencillamente, tratando de averiguar si iban a volver a tener un contrato que les permitiera, saber por cuánto tiempo podrían contar con un sustento en el nuevo año y conocer la manera en que continuarían los procesos que se habían iniciado el año inmediatamente anterior.

Todo esto porque nadie sabía a ciencia cierta quién iba y quién no iba a ser contratado.

Por los corredores se oía el rumor de que estaban repartiendo los contratos a las “cuotas políticas de los concejales” sin ninguna clase de proceso de selección para el ingreso a la entidad, simplemente era sacar los currículum de las personas que habían cumplido ya con el tedioso proceso y reemplazarlas por las hojas de vida de los recomendados que no tenían pierde pues estaban definidos anteriormente en listas impresas, de las que conocí una accidentalmente.

Lamentablemente debo decir que hasta ahí mi historia en mi país, no tiene nada sorprendente, lo indignante era la imagen de la cantidad de personas, sentadas en el piso, quienes a sabiendas de lo que estaba pasando ante sus ojos, solo albergaban el miedo a decir algo y la esperanza de tener una respuesta sobre si la espera iba a tener una “recompensa” o no. ¿Qué tan difícil puede ser organizar el proceso de contratación de tal manera que la gente asista en el momento en que tiene que firmar?, ¿por qué nadie tenía la certeza de quienes iban a ser contratados y quiénes no?, ¿cuál era la imposibilidad que tenían los encargados de comunicarse con los candidatos a trabajar en el IPES allí presentes, y decirles si tenían posibilidad de contratación o no?

Evidentemente allí hubo gato encerrado. Pero… y si era tan claro ¿por qué la gente no dijo nada?

La respuesta que primero se me vino a la cabeza fue: Miedo. Miedo a que luego de la denuncia, se pierda por completo la posibilidad de obtener un puesto de trabajo.

Colombia ha sido un país donde el fenómeno de la corrupción ha estado definido por procesos históricos directamente asociados a las formas de comprender los beneficios y ventajas de una situación específica. La falta de cohesión social y la precaria idea de lo público, hacen que en este punto podamos catalogarnos como una cultura que es permisiva con la corrupción.

Bajo la óptica de autores como Rogow y Lasswell (1963) y Friedrich (1966), “un acto es corrupto si atenta contra el interés público -esto es, si favorece intereses privados sobre intereses particulares, afectando los ‘sistemas públicos o civiles“[2].  En este caso, la contratación administrativa, no se llevó a cabo bajo los principios de transparencia en el procedimiento, como tampoco de igualdad. Este proceso en el que prima el interés particular del personaje que promueve estas prácticas para obtener unos votos, es, a todas luces, un atentado contra el interés público y afecta a la comunidad.

El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, establece que: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” Pero es sabida la condición laboral en nuestro país, por ello creo que acá no es necesario extenderme mucho. La falta de garantía de los derechos por parte del Estado, en este caso, el derecho fundamental al trabajo, crea nuevos escenarios para la corrupción. Si todos tuviéramos garantizado este derecho, si los procesos de selección de la administración pública fueran transparentes, los politiqueros no tendrían la oportunidad de obtener votos a través de las llamadas “cuotas políticas”.

En este punto recuerdo que hace poco que la Directora del Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) declaró con vehemencia que “Ningún estudiante que quiera ingresar al SENA necesita ninguna palanca, recomendación de algún político o de algún senador”, pero lo cierto es que no es la primera vez que se murmura esto, la falta de garantías para acceder a la educación superior, los altos costos de matrículas, los pocos cupos que ofrecen las instituciones educativas públicas y por supuesto la necesidad de votos, hace que la educación se vuelva otro escenario donde los politiqueros hacen su agosto aprovechando al máximo sus cargos para favorecer sus regiones, amigos y familias a costa de la necesidad  de la gente que lucha por la igualdad de oportunidades. Lo mismo ocurre con la salud y la vivienda.

 La falta de presencia histórica estatal ha hecho de este un país, donde el Estado no responde absolutamente para nada con respecto a la distribución del ingreso, mientras la desigualdad se acrecienta, la falta de oportunidades para la mayoría de la población es cada vez más notable, la desigualdad y la falta de garantías de los derechos se manifiesta y tolera en nuestra sociedad cada vez más, generando espacios paralelos al orden establecido, en donde no hay incentivos sociales para la denuncia de hechos, sino que quienes detentan el poder, en mayor o menor grado, aprovechan sus potestades para sacar algún provecho bien sea de tipo económico o de engrandecimiento del ego, desembocando así en una sociedad permisiva ante la corrupción, generando cada día una mayor acentuación de estas prácticas en nuestra sociedad indolente, acostumbrada a escuchar y a vivir estos casos, en silencio.

Vale la pena preguntarse ¿Qué pasaría si toda esta gente hubiera manifestado su descontento y hubiera denunciado?

A continuación podrán ver un registro audiovisual que hice cuando salía de las instalaciones de aquella entidad, la señora que tiene guantes (segundo 19), era la encargada de llevar los contratos de un lugar a otro y llevarlos para la firma, como puede detallarse. Al terminar apagué mi celular donde hice esta grabación, ya casi sin batería, luego un señor que no estaba identificado como los vigilantes de la institución me exigió que borrara el video, yo me negué porque percibo esa orden como un irrespeto contra mi persona y contra mi privacidad además de considerarla como grave violación a la libertad de expresión puesto que esta información, a la que el público tiene derecho, aunque es conocida por todos, tiene en este contexto la función de llamar a la reflexión acerca de lo indignante que resulta la desesperante espera de la asignación de un cargo en medio de la rapiña politiquera.

Pero la historia continua, al negarme a entregar mi celular o borrar el material, el hombre se ubicó frente al ascensor bloqueando mi salida, le advertí que no podía impedirme el paso para ir afuera sin justa razón porque eso sería secuestro, entonces me dejó subir al ascensor pero lo bloqueó con su cuerpo hasta que llegaron funcionarios del IPES.

Ellos me explicaron que estaba prohibido grabar en ese lugar, porque “debajo de ese piso quedaban oficinas de la procuraduría”, le repliqué que solo había hecho una toma del pasillo, me preguntó que para qué, le contesté que porque sabía que algunas de esas personas estarían en una espera infructuosa porque no serían contratadas, me afirmó que todas serían contratadas pero desafortunadamente yo tenía un ejemplo que mostraba que no era cierto lo que este señor decía; le insté a contempla la situación de las madres con sus niños escolares y sus bebés, respondió que cuando a uno lo llamaban a firmar un contrato, debía prepararse y no podía llevar niños porque no sabría cuánto tiempo se iba a tardar en ese proceso. Habló más, pero nunca encontró un verdadero argumento para impedir mi salida. Finalmente, tuvieron que dejarme ir para que yo pudiera contarles y mostrarles algo de lo que vi el día que entró en vigencia la ley de garantías.